M@YELI

LOS INDIGENAS COLOMBIANOS

En Colombia habitan 81 grupos indígenas, registrados por el DANE y
el Ministerio de Interior y Justicia, más otros 8 pueblos en proceso de
reconocimiento, para un total de 90 grupos étnicos que conservan aún 65 lenguas
autóctonas y cerca de 300 formas dialectales. De acuerdo con el Censo Nacional
del DANE de 1993, con proyección a 2001, de los 42.975.715 colombianos, 785.356
pertenecen a diversas comunidades indígenas (1.83% del total de la población)
que tienen presencia en 32 departamentos y 458 municipios del país,
especialmente en aquellos de selva tropical húmeda, es decir en el 43.3% del
territorio colombiano, distribuidos en cinco macro regiones, la Amazonía, Orinoquía,
Centro Oriente, Occidente y Costa Atlántica.

La mayoría de estas comunidades habitan en resguardos, que es una
institución legal y sociopolítica de carácter especial, conformada por una o
más comunidades indígenas, que con un título de propiedad colectiva que goza de
las garantías de la propiedad privada, poseen su territorio y se rigen para el
manejo de éste y su vida interna por una organización autónoma amparada por el
fuero indígena y su sistema normativo propio. ( Art.21 Dcto. 2164/95)

La división de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior
registra un total de 638 resguardos en el territorio nacional, con una
extensión aproximada de 30.845.231 hectáreas (27.02% del territorio
nacional), distribuidos de la siguiente manera:

En la región amazónica existen 97 resguardos, discriminados en
tres departamentos: Putumayo (32 resguardos), Caquetá (41 resguardos) y
Amazonas (24 resguardos). Ocupan un área aproximada de 9.927.530 hectáreas
y albergan una población de 38.613 personas.

Los resguardos ubicados en la región central del país son 110,
discriminados en los departamentos de Arauca (26 resguardos), Boyacá (1
resguardo), Casanare (10 resguardos), Huila (7 resguardos), Norte de Santander
(2 resguardos) y Tolima (64 resguardos). Su extensión se calcula
aproximadamente en 649.175
hectáreas, con una población de 45.262 habitantes.

En la zona norte existen 30 resguardos en los departamentos de
Cesar (8 resguardos), Córdoba (3 resguardos), Guajira (17 resguardos) y
Magdalena (2 resguardos). Ocupan un área de 1.815.190 hectáreas,
con una población de 204.390 personas.

En la zona de la
Orinoquía se hallan 108 resguardos, distribuidos en los
departamentos de Guainía (26 resguardos), Guaviare (19 resguardos), Meta (18
resguardos), Vaupés (2 resguardos) y Vichada (43 resguardos). Se extienden en 15.943.728 hectáreas
aproximadamente. Su número de habitantes está por el orden de las 69.329
personas.

Finalmente,
en la región del pacífico existen 293 resguardos, ubicados en los departamentos
de Antioquia (38 resguardos), Caldas (5 resguardos), Cauca (72 resguardos),
Chocó (103 resguardos), Nariño (50 resguardos), Risaralda (5 resguardos) y
Valle del Cauca (20 resguardos). Ocupan un área de aproximada de 2.509.608 hectáreas
y una población estimada en 398.398 personas (Arango & Sánchez 2004).

Tabla No. 1 grupos
étnicos de Colombia con población y área (2001)

Grafico No. 1. Mapa de
distribución territorial de los grupos étnicos de Colombia

Situación actual

Desplazamiento forzado

El desplazamiento forzado sigue siendo en Colombia una de las más
graves manifestaciones del conflicto armado interno y “mantiene un crecimiento
sostenido, que ha afectado de forma grave a las minorías étnicas y se ha
extendido a otras regiones por el efecto de la intensificación del conflicto
armado” (ACNUR 2002).

De acuerdo con un estudio realizado por la ONIC (Organización Nacional
Indígena de Colombia), ACNUR y la
Red de Solidaridad Social en el 2003, diversos pueblos
indígenas han sido desplazados de sus territorios como consecuencia del
conflicto armado, lo cual provoca impactos profundos y complejos que potencian
la desestructuración de las comunidades y el riesgo de desaparecer como pueblos
indígenas, entre las comunidades más afectadas por este fenómeno se encuentran
las de la Sierra Nevada
de Santa Marta, la Serranía
del Perijá, Choco, Cauca, Putumayo y Guaviare.

Por su condición de subordinación política ante la cultura
mayoritaria, el desplazamiento forzado afecta directamente las estructuras
socio-políticas indígenas, implica cambios bruscos en las formas de gobierno y
representación interna debido a que cuando el desplazamiento se hace a las
cabeceras urbanas la autoridad indígena queda subordinada a autoridades municipales
o militares, afectando la autonomía del gobierno propio. Además, por lo general
los lideres y demás figuras centrales de estos pueblos son asesinadas o
amenazadas por los grupos armados ilegales, imposibilitando así su retorno a
sus territorios.

Igualmente, se presenta el debilitamiento de la medicina
tradicional, que en muchos casos se realiza en territorios sagrados, con
materiales y medicinas producidas en regiones específicas, al igual que muchos
otros elementos y rasgos de la identidad cultural de los pueblos, generado por
la ruptura de los calendarios tradicionales que enmarcan las actividades
sagradas, productivas y políticas, principales espacios de socialización de la
comunidad y las nuevas generaciones y por el desplazamiento brusco hacia la oferta
cultural y material de las comunidades receptoras.

Por otra parte, se presenta la ruptura de los esquemas históricos
de ordenamiento territorial de áreas comunes con campesinos y afrodescendientes
y la pérdida de la consolidación de formas de economía solidaria, junto con el
deterioro del proyecto político territorial, que implica la pérdida o reducción
del poder de control social y territorial por la imposición de los actores
armados en sus territorios.

En general, se genera un deterioro de las condiciones de vida de
las comunidades, con especial incidencia en los niños, mujeres y ancianos. La
desnutrición, las enfermedades asociadas a las carencias alimenticias, la
suspensión de la educación, la alteración de los patrones de vivienda y
configuración espacial de los asentamientos, la permanencia de situaciones de
terror y miedo, la separación brusca del hábitat, entre otras. Este fenómeno ,
que se presenta en todos los casos de desplazamiento forzado, tiene mayores
efectos en comunidades cuyos dispositivos sociales y culturales se han
especializado siguiendo concepciones propias de sus cosmovisiones, lo que
implica rápidos procesos de descalificación de sus elementos tecnológicos,
médicos, sociales, ante realidades urbanas y tecnologías occidentales.

De acuerdo con las cifras de la Agencia Presidencial
para la Acción Social
y la
Cooperación Internacional, han sido desplazados por la
violencia un total de 39.699 indígenas, desde 1995 hasta 2006, siendo 2004 el
año más crítico donde se registraron 9.942 desplazados pertenecientes a
diversos grupos indígenas del país (Fuente: Sistema Único de Registro S.U.R).

Salud

De acuerdo con el Ministerio de la Protección Social
y la OPS/Colombia¹, el perfil
epidemiológico presente en la población indígena está asociado a altos índices
de pobreza, desempleo, analfabetismo, migración, marginación, falta de tierra y
territorio, destrucción del ecosistema, alteración de la dinámica de vida, y
necesidades básicas insatisfechas.

Hay falta de estadísticas vitales o de servicios desagregados por
etnia, género y grupos etáreos lo cual dificulta la evaluación adecuada de la
situación de salud, las condiciones de vida y la cobertura de los servicios de
salud de los indígenas. Según la información existente, las siguientes son las
enfermedades de mayor incidencia y prevalencia en comunidades indígenas:

• Las enfermedades propias de la pobreza. Infecto contagiosas:
Insuficiencia Respiratoria Aguda “IRA”, Tuberculosis “TBC”, Enfermedad
Diarreica Aguda “EDA”, infecciones perinatales, dermatitis;

• Las enfermedades determinadas por pérdida de territorio,
desplazamiento por violencia que llevan a deterioro de las fuentes
tradicionales de subsistencia: desnutrición y problemas psicosociales, que van
desde el miedo y sufrimiento, como consecuencia de los daños y pérdidas y/o por
el temor a la recurrencia de la situación traumática; hasta trastornos
psicopatológicos o enfermedades psiquiátricas evidentes, resaltándose la
frecuencia del suicidio en adolescentes y jóvenes indígenas;

• Las enfermedades determinadas por problemas ambientales:
Parasitismo, Cólera, Malaria, Dengue;

• Las enfermedades determinadas por abruptos cambios culturales:
Alcoholismo, Adicción a Sustancias Sicoactivas, Violencia Intrafamiliar y
Sexual.

Por otra parte, la Defensoria del Pueblo², afirma que la
problemática en salud de las comunidades indígenas en Colombia esta relacionada
con:

• Las entidades “EPS”, “ARS”, “ARE”, no atienden desconociendo la
función social del servicio;

• La definición de los planes Integrales de Vida, se ha convertido
en un negocio de asesores en planeación, construidos desde oficinas, sin
participación de las comunidades;

• Actores armados no estatales que impiden la atención;

• Grave epidemia de Tuberculosis en Bajo Putumayo y Bota Caucana;

• Falta de un informe defensorial sobre situación de salud y
recomendaciones;

• Grandes dificultades en los sistemas de registro y de
información en salud sobre perfil epidemiológico y atención;

• Limitado recurso humano defensorial para desarrollar el proceso
de defensa del Derecho a la
Salud;

• Negación de las IPSs a atender las personas Indígenas y Afro
Colombianas Desplazadas. Problema grave en Bogotá para la atención de
aproximadamente 500 personas;

• No existen mecanismos eficientes de participación y conciliación
entre las comunidades afectadas y las autoridades de salud y/ administrativas
de los territorios receptores;

Participación política
de los pueblos indígenas

A los pueblos indígenas en Colombia, en la Constitución de 1991
se les reconocieron importantes derechos políticos, entre estos la
participación en el congreso de la
Republica mediante una circunscripción electoral propia
(Arts. 176 y 171).

Desde ese mismo año comenzaron a participar políticamente
movimientos como la
Alianza Social Indígena (ASI), Autoridades Indígenas de
Colombia (AICO) y el Movimiento Indígena Colombiano (MIC).

¹ Ministerio de la Protección Social
y OPS/OMS, “Insumos para la conceptualización y discusión de una Política de
Protección Social en Salud para los Grupos Etnicos en Colombia”, 2004

² Gabriel Muyuy, Defensor Delegado para
Asuntos Étnicos, 28 de junio de 2004

Cultivos ilícitos

La expansión de los cultivos de uso ilegal por los territorios
indígenas y el conflicto armado que esto conlleva, se asocia con diversos
factores como la tradición indígena del uso de la coca, cuyos conocimientos,
tecnologías y variedades genéticas de la especies han sido aprovechados por los
narcotraficantes, la situación de pobreza, la carencia de tierras, la crisis
del sector agropecuario y la falta de apoyo estatal en muchas comunidades
indígenas y la ubicación alejada, de difícil acceso, con poca o nula presencia
estatal y abundante bosque de los territorios indígenas, lo cual permite
mimetizar los cultivos, laboratorios y demás requerimientos del proceso.

En 1996, de acuerdo a la reportado por el PLANTE (Plan Nacional de
Desarrollo Alternativo), los cultivos ilícitos dentro de las reservas y
resguardos indígenas en el país representaban el 10.8% del área de los cultivos
de coca, siendo en este año el total de hectáreas cultivadas 67.000 (Censo de
cultivos de coca 2004).